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Expertos consideran que lo ocurrido en el albergue La Gran Familia es una oportunidad para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad, haga frente al problema de la niñez en orfandad y establezca mecanismos de regulación y control sobre los centros de asistencia, ya sean públicos o privados.
Datos del DIF nacional a los que accedió EL UNIVERSAL indican que el número de niños en situación de abandono o que están separados de sus padres por cuestiones jurídicas y permanecen en albergues del país creció el año pasado.
Hasta diciembre de 2013 se registraron 25 mil 700 niños en esa situación, cifra superior a la de 2012, cuando se contabilizaron 17 mil 522 en dichos centros de asistencia.
El número de albergues registrados en el país, administrados por gobiernos y particulares, llegó a 922, de los cuales 805 son privados y 117 públicos.
El reporte oficial establece que en el último año el gobierno federal destinó 39 millones 912 mil 500 pesos en subsidios.
Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, dijo que la situación que se evidenció a partir de La Gran Familia no es única, puesto que estima que siete de cada 10 albergues tienen deficiencias y pese a ello siguen operando.
Mario Luis Fuentes, experto en asistencia social y ex director del DIF nacional, agregó que hay un vacío legislativo, puesto que el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia no tiene facultades para vigilar los albergues privados y exigir que les abran las puertas.
“El modelo comenzó a resquebrajarse cuando ni los albergues públicos ni los privados cumplieron con el fin principal, que era dar sólo estancia temporal y buscar un hogar para los niños”, explicó Sofía Consuegra, investigadora de la UAM.
EL UNIVERSAL