El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó -por unanimidad en lo general- el dictamen consolidado respecto a las irregularidades encontradas en la revisión de 510 informes anuales de ingresos y gastos de los siete partidos políticos nacionales y 58 locales, correspondientes al ejercicio 2022.

La labor de fiscalización del INE incluyó la revisión de operaciones por un monto global de ingresos de 25 mil 686 millones 327 mil 279 pesos, así como 27 mil 662 millones 825 mil 132 pesos de egresos, tanto a nivel federal y como local.

Las sanciones propuestas al Consejo General representan sólo el 2.68 por ciento del total de los gastos ejercidos por las fuerzas políticas, lo que da cuenta del compromiso de los partidos políticos con la transparencia y la rendición de cuentas.

El Consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que este proceso constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los institutos políticos ante la ciudadanía.

Señaló que las conductas infractoras más recurrentes a nivel federal fueron: egresos no comprobados; el reporte de operaciones en un informe distinto al fiscalizado; la emisión extemporánea de comprobantes fiscales por concepto de nómina; y el reporte extemporáneo de operaciones en el periodo normal.

En tanto que, a nivel local, las conductas más recurrentes fueron los gastos sin objeto partidista, los egresos no comprobados, las cuentas por pagar mayores a un año y la omisión de destinar el porcentaje establecido para las actividades específicas, así como para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres.

Consejeras y Consejeros indicaron que la erogación de los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, asciende a 397 millones de pesos.

Sin embargo, persiste un incumplimiento generalizado para destinar este recurso específico a lo que está directamente establecido.

En otro punto de la sesión, las y los Consejeros aprobaron el Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN).