Una Comisión de la Cámara de Diputados avaló un dictamen por el que agresores y deudores de pensión no podrán ocupar cargos públicos. Foto: Especial

Cd. de México (27 marzo 2023).- Agresores y deudores alimentarios no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular, señala el dictamen aprobado este lunes por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El proyecto avalado en lo general con 32 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones de legisladores del PAN, modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución para establecer estos supuestos como causales para la pérdida de los derechos político-electorales.

La propuesta señala que los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos se suspenderán por tener sentencia firma por la comisión intencional de delitos contra al vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual y por violencia familiar.

Otras razones, agrega, serán cometer delitos como la violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidad y tipos y por ser declarada persona deudora alimentaria.

"En los supuestos de esta fracción, las personas no podrán ser registradas como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación", plantea el dictamen.

La vicecoordinadora de Morena Aleida Alavez indicó que la propuesta fue elaborada por diputadas de todos los grupos parlamentarios que conforman el Grupo Plural encargado de dar seguimiento al paquete de reformas constitucionales pendientes desde la Legislatura pasada.

Alavez dijo que la modificación constitucional busca dejar claro que el Estado debe tomar cartas en el asunto en materia de violencia contra las mujeres y asumirla como un problema que no es exclusivo de un solo poder.

"Lo que estamos normando es que ningún agresor acceda a la función pública, llámese, insisto, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, autónomos, todo cargo público, porque lo que no podemos tolerar es que quien agreda a una mujer, y viene redactado con mucho cuidado, tenga posibilidades de acceder al servicio público", reiteró.

La priista Blanca Alcalá indicó que llamaron 3de3 la propuesta porque será aplicable a los tres poderes de la Unión y porque, en algún momento, tendrá que ser obligatoria para los tres niveles de Gobierno.

Alcalá señaló que siete de cada 10 casos de violencia se dan contra mujeres; no obstante, rechazó que la iniciativa tenga dedicatoria.

"Esta iniciativa no tiene dedicatoria hacia una, dos o tres personas, se trata de una medida disuasoria para recuperar en la democracia mexicana, insisto, lo que implica la ética política en el manejo, desde el más modesto de los servidores públicos, hasta el más encumbrado de quien toma las decisiones", insistió.

La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, sostuvo que la probidad es algo que deben tener todos quienes ejerza el poder, por mínimo que sea éste.

Reconoció a las Colectivas y destacó que fueron ellas las que enriquecieron esta reforma, porque a golpe de sentencia han peleado porque personas violentadoras no lleguen al poder.

"Da certeza de que las personas que lleguen al poder y estén en el servicio y en la función pública sean personas que no sean consideradas agresoras.

Hacemos la distinción en que abarcamos tres niveles: penal, civil y familiar, pero también nos vamos al nivel político, que poco a poco se va vislumbrando más la posibilidad de que personas que en cualquiera de las otras dos instancias sean consideradas violentadoras, hoy tampoco tengan posibilidad de acceder al poder por la suspensión de sus derechos", señaló.

Johanna Torres, del PAN, afirmó que una persona que es agresora en el ámbito privado también lo es en el público, por lo que si se quiere dignificar el servicio público y tener servidores públicos probos y honestos, se tiene que empezar por poner límites a aquello que se realiza en el ámbito privado.

La legisladora celebró que el proyecto de reforma recoja el derecho de las niñas y los niños a la alimentación, ya que impide el acceso a cargos públicos a deudores alimentarios morosos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, afirmó que la propuesta logra lo que ha costado más de un trienio, porque ésta tiene sus antecedentes en los dictámenes pendientes desde la Legislatura anterior.

"Que tome nota el país de esto: quien incurra en estas conductas fundamentalmente violencia en contra no sólo de las mujeres, pero principalmente de las mujeres mexicanas, no podrá ser candidato para ningún cargo de elección popular", insistió.