Fonatur Tren Maya pagó mil 150 mdp a Banco Azteca por tres terrenos en QR, los cuales habían sido valuados en 407 mdp. Foto: Archivo

Cd. de México (10 marzo 2022).- Fonatur Tren Maya compró en mil 150 millones de pesos a Banco Azteca tres terrenos en Quintana Roo que sólo dos meses antes habían sido valuados en 407 millones 783 mil pesos.

El 30 de abril del 2021, Banco Azteca obtuvo el dominio de los lotes 2-10, 2-12 y 2-14 del predio Santa Ana Número 2, en el Kilómetro 15 de la carretera Puerto Juárez-Tulum, al ejecutar la garantía de un crédito cuyo pago incumplió una inmobiliaria.

Las escrituras de las operaciones revelan que el 19 de abril del mismo año, unos días antes de que Banco Azteca tomara posesión de los predios, se encargó un avalúo al arquitecto José Antonio López Aguado Isaías, quien tasó en 407 millones 783 mil 98.93 pesos el precio de las 108 hectáreas de los terrenos.

El primero los tasó en 154.8 millones de pesos; el segundo, en 163 millones, y el tercero en 89.9 millones.

Menos de una semana después de ese avalúo, el 6 de mayo, Fonatur y Banco Azteca celebraron un contrato promesa, pero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) hizo su propio avalúo y dijo que los tres predios tenían un precio en conjunto de mil 150 millones.

Con base en esa estimación, el 8 de junio Azteca firmó el contrato de compra- venta con Fonatur Tren Maya.

El INDAABIN fijó el valor de cada lote en 434.7 millones de pesos, 459.8 millones y 25.5 millones de pesos.

Conforme a la escritura del contrato, suscrita ante la Notaría 38 de Cancún, los representantes de Banco Azteca en la compra-venta fueron Gabriel Alfonso Roqueñí Rello y Luis Alberto Niño de Rivera Lajous, ex presidente de la Asociación de Bancos de México.

Por la instancia gubernamental firmaron Alejandro Varela Arellano y Gabriela García Reyna.

El titular de Fonatur era Rogelio Jiménez Pons, quien luego fue destituido.

Apenas el 18 de enero pasado, Fonatur reservó por cinco años las escrituras de la compra de los terrenos a Banco Azteca, con el argumento de que la difusión generaría especulación en el precio de los inmuebles y afectaría su modelo de negocios.