Un tribunal ordenó revisar proceso de General José Ramos, ex director de Servicios Aéreos de PGR, por compra de aviones no tripulados y drones. Foto: Archivo

Cd. de México (09 marzo 2022).- Un tribunal federal ordenó resolver nuevamente si el General José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos de la PGR, debe continuar o no procesado por dos de los tres delitos que le atribuyen en la compra de cuatro aviones no tripulados y tres drones de largo alcance que costaron 41.4 millones de dólares.

Estos equipos fueron vendidos a la Procuraduría General de la República en 2013 y 2015 por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., una de las intermediarias en México del software espía Pegasus, también adquirido por la misma dependencia.

El Octavo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México estableció que el General debe continuar sujeto a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades; sin embargo, debe determinarse de nueva cuenta si hay o no fundamentos para vincularlo a procedimiento por fraude equiparado y falsificación de documento agravado.

Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, será la responsable de cumplir con esta sentencia de amparo y convocar a una nueva audiencia de vinculación a proceso, para resolver la situación jurídica de Ramos Arévalo por dos de los tres delitos imputados.

"Ante la estrecha relación de los hechos con apariencia de delitos de fraude equiparado y falsificación de documento agravado, debe examinarse fundada y motivadamente, si el hecho atribuido, consistente en asentar como ciertos hechos falsos fue el medio para devolver la póliza y con ello, causar perjuicio a un tercero", dice el fallo.

Son dos los contratos suscritos por el ex director de Servicios Aéreos, en los que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR basa su imputación.

El primero es del 27 de diciembre de 2013 por la adquisición de dos aviones no tripulados Dominator XP, con sistema de detección de cámaras y tres kits de drones RQ-170 Sentinel de largo alcance, con cámara de día e infrarrojo, por un monto de 30 millones 693 mil 600 dólares, equivalentes al momento de los hechos, a 427 millones 46 mil 95.52 pesos.

El segundo fue firmado el 15 de diciembre de 2015 para adquirir dos aeronaves no tripuladas Aerostar, con sistema de detección de cámaras y sistema de control en tierra, a un costo de 10 millones 730 mil dólares, que al tipo de cambio de la época eran 187 millones 775 mil pesos.

En total, la PGR desembolsó por los dos contratos 41 millones 423 mil 600 dólares, que equivalen a 614 millones 821 mil 65.52 pesos.

Según la FGR, lo indebido de este contrato radica en que no existe ninguna solicitud de la Dirección General de Servicios Aéreos para adquirir estos equipos aéreos, tampoco hubo licitación y no se cumplieron con las reglas para usar los recursos de la Partida 3701 "Gastos de Seguridad Pública y Nacional".

Adicionalmente, el 18 de septiembre de 2015, el General asentó en un oficio que Balam Seguridad Privada dio cumplimiento en tiempo y forma al primer contrato, pero no fue así porque tardó 16 días en entregar una de las aeronaves y 183 días en entregar las restantes.

Por eso la FGR dice que asentó hechos falsos en este procedimiento de contratación.

Según la Fiscalía, el 21 de septiembre de 2015, Ramos Arévalo también devolvió la póliza de fianza, del 27 de diciembre de 2014, por un total de 2 millones 646 mil dólares a Balam Seguridad Privada, lo que constituye disponer de bienes ajenos para "operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio de un tercero".

Ramos Arévalo enfrenta otro proceso por el delito de falsificación agravada de documento, porque presuntamente asentó hechos falsos en el dictamen elaborado para exceptuar la licitación en la compra de un helicóptero Eurocopter EC-145 para el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

En este expediente, se imputa al General haber señalado que el precio de mercado de la aeronave era de 7.6 millones de dólares, una cantidad que al final pagó la dependencia y que significó un sobrecosto de 2 millones de dólares.