Ya hay tres detenidos por el caso de delincuencia organizada y lavado por el que están prófugos Inés Gómez Mont y su esposo. Foto: Archivo

CD. DE MEXICO

/REFORMA

La Fiscalía General de la República aprehendió a 3 de los presuntos "factureros" relacionados con el caso de delincuencia organizada y lavado de 2 mil 950 millones de pesos, por el que están prófugos Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont.

Los detenidos son Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, quienes ya fueron internados en penales federales de alta seguridad, según lo informado por la FGR.

En septiembre pasado, el juez de control Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Almoloya de Juárez, giró 12 órdenes de aprehensión contra supuestos implicados en una red de corrupción institucional y empresas "factureras" que habrían lavado 2 mil 950 millones de pesos de dos contratos del sistema penitenciario.

En un primer término, como líderes de la supuesta trama delictiva, la FGR colocó a Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, seguidos de 5 ex mandos de las prisiones federales y 5 personas que aparecían registradas como accionistas o representantes de las compañías de papel.

"A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal.

En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional", dijo la FGR.

"Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos".

En el recuento que hizo la Fiscalía del caso, recordó que en noviembre de 2019 inició la indagatoria por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio "V", Rosario "A", Margarita "C", Ricardo "P", Mauricio "R" y 7 empresas.

Para blanquear los activos, los presuntos implicados presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas.

Al mismo tiempo, "aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes".

"La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel "A" e Inés "G", que operaban con supuestos representantes de personas morales", dice la Fiscalía.

Durante la investigación, apuntó, se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

En el siguiente grupo, la FGR ubica a servidores públicos, que supuestamente facilitaron los recursos del erario federal, mediante la asignación de contratos ilegales.

En este caso se ordenaron las aprehensiones de Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración, y Emmanuel Castillo, ex coordinador General de Centros Federales; Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

"Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen. En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor "Z", dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos", señala.

"Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos".

Agrega que Gabriel "M" figuró como accionista de una de las empresas investigadas; pero se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, antes de las operaciones delictivas.

"El caso se seguirá investigando", concluye la dependencia federal.