El Gobierno federal ha ampliado desde 2013 un decreto presidencial que regula la introducción de vehículos usados. Foto: Archivo

Cd. de México (20 enero 2022).- Ante la publicación de ayer en el DOF de los lineamientos sobre cómo sería la regularización de los autos 'chocolate' que existen en México, al sector de autopartes le preocupa que el País se convierta en el "patio chatarra de Estados Unidos", de donde principalmente provienen estas unidades.

"Nos encontramos muy preocupados por la publicación de este decreto para legalizar prácticamente lo ilegal, cuyos efectos se verán reflejados en el sector automotriz mexicano, no sólo para los que generamos empleo, sino por la parte económica que generamos para nuestro propio País.

"Así como ser el patio trasero de chatarra de Estados Unidos donde los vehículos que circulan en pésimas condiciones ponen en riesgo no sólo a sus ocupantes, sino también a quienes lo rodean", expuso en conferencia Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

De acuerdo con el decreto, se podrán regularizar autos de 10 estados que su año-modelo sea de ocho o más años anteriores a aquél en el que se realice este trámite, es decir, la importación definitiva.

Una de las problemáticas es que varios de los modelos que se importaron de forma ilegal -y que se regularizarían a partir de este decreto que entró en vigor ayer- no fueron fabricados en México, por lo que la producción de sus autopartes también es escasa.

Y en caso de que se lleguen a descomponer, difícilmente se pueden arreglar y se quedarán detenidos, ya sin funcionamiento, detalló Bustamante.

La legalización de estas unidades también desplaza la producción de autopartes hechas en México.

"Definitivamente en cada vehículo que está llegando dejamos de aportar nosotros como industria, una pieza, una parte, un sistema y todo esto también implica un daño a la base laboral a todas las empresas que están buscando seguir participando en, precisamente, la integración de nuevos vehículos", explicó Francisco González, presidente ejecutivo de la INA.

Por su parte, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), comentó que dicho decreto afecta el Estado de Derecho de México.

"Consideramos que esto afecta el respeto al Estado de Derecho que es fundamental para la atracción de inversión y para el crecimiento de las plantas productivas que hoy tiene el sector automotriz en México", destacó Zozaya.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que el sector automotriz, que representa alrededor del 4 por ciento del PIB nacional, tiene disposición de participar en la etapa siguiente de este decreto, que es la formulación de las Reglas Generales de Comercio Exterior planteadas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).