El departamento justificó la acción argumentando que la actividad ilícita se produce en áreas donde Laredo carece de infraestructura. En foto, cruce fronterizo. Foto: Miguel Domínguez

El departamento justificó la acción argumentando que la actividad ilícita se produce en áreas sin infraestructura. En foto, Río Bravo. Foto: Miguel Domínguez

Laredo, Estados Unidos (16 mayo 2020).- En medio de la pandemia del Covid-19, que ha paralizado labores, el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene claro que la construcción del muro fronterizo con México es una actividad esencial.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense autorizó ayer exentar de permisos ambientales a la construcción de la barrera que se edifica en los límites de los condados texanos de Webb, con sede en Laredo, y Zapata con Tamaulipas.

La valla de más de 111 kilómetros arranca desde el puente internacional Comercio Mundial de Laredo hasta la ciudad de Zapata, Texas, lo que abarca a los municipios tamaulipecos de Nuevo Laredo y Nueva Ciudad Guerrero.

La CBP informó el 8 de mayo que el primer contrato para construir los primeros 22.5 kilómetros del muro en la zona de Webb fue adjudicado a la empresa Caddell Construction Company (DE) LLC por 275 millones 44 mil 100 dólares.

El "muro" es una reja de acero de 9.15 metros de altura, carreteras de acceso para todo clima, cámaras de video-vigilancia y otra tecnología relacionada para crear una zona de seguridad.

"Se espera que la construcción empiece en enero del 2021", señaló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Apenas el pasado 15 de abril, se exentó de permisos ambientales la construcción de cinco tramos de muro texano que suman 24 kilómetros y colindan con los municipios tamaulipecos de Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

La CBP defendió el proyecto al asegurar que el Sector Laredo es un área de alta actividad ilegal.

La Oficina aseguró que en los que va del año fiscal -que inició en octubre pasado- ha detenido a más de 21 mil indocumentados y unas ocho toneladas 626 kilos de narcóticos.

"La mayor parte de esta actividad ilícita se produce en áreas donde el Sector Laredo carece de infraestructura, acceso, movilidad y tecnología", señaló Aduanas y Protección Fronteriza.

Con el muro, sostuvo, mejorará la capacidad para impedir los cruces fronterizos ilegales y las actividades del tráfico de drogas y personas de organizaciones criminales trasnacionales.

A pesar de evitar los permisos ambientales, la CBP asegura que no renuncia a su compromiso de proteger los recursos naturales y que continuará consultando con agencias expertas de los tres niveles de gobierno para minimizar los impactos.

Añadió que el muro forma parte de la Orden Ejecutiva 13767 sobre Mejoras en la Seguridad Fronteriza y la Aplicación de la Ley de Inmigración que firmó Trump al llegar al poder en enero del 2017.