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Bogotá, Colombia (09 noviembre 2019).- El Presidente colombiano, Iván Duque, rechazó los llamados a la "violencia" y "vandalismo", en relación a la convocatoria de una huelga nacional para el próximo 21 de noviembre.
"No dejemos que hagan llamados a la violencia, al vandalismo, al pillaje.
Entendamos, sí, el clamor de quienes quieren plantear sus ideas en democracia, porque eso es legítimo, pero tengamos claro que la institucionalidad, como un todo, tiene que unirse para invitar a los colombianos a que esa no sea la forma como nos expresamos", dijo el Mandatario.
Sindicatos, indígenas y sectores sociales colombianos convocaron a una huelga nacional el próximo 21 de noviembre para rechazar supuestas reformas al régimen de pensiones y la política económica del Gobierno, entre otros asuntos.
Duque recalcó que sólo lleva 15 meses en la Presidencia y que le gustaría que todos los problemas sociales estén resueltos, pero defendió que no no se pueden encontrar "soluciones milagrosas".
Enfatizó en que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero acuso que se busca promover un incendio de la sociedad, utilizando falacias.
El Mandatario insistió en que es falso que su Gobierno quiera acabar con la estatal administradora de pensiones, Colpensiones, y en que también es mentira que quiera que los jóvenes tengan pagos por debajo del salario mínimo.
"Mientras yo sea Presidente eso no va a suceder", advirtió.
La semana pasada el senador Wilson Arias, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que la jornada de protesta es contra "el paquetazo" del Presidente Duque, que, según dijo, busca reformas que van en contra de las clases menos favorecidas.
El congresista Arias sostiene que actualmente 2.4 de los 48.2 millones de colombianos pasan hambre y que más de 600 mil personas han perdido su empleo en el último año.
Por su parte, las centrales obreras aseguran que el paro se debe a que el Gobierno aplica políticas dictadas por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, en su opinión, perjudican a los trabajadores.