(Foto: EFE)

España

El 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, cinco hombres entraron con una joven de 18 años en un portal. Eran todos turistas (ellos procedentes de Sevilla, y ella de Madrid) que se habían conocido en la fiesta, reconocida por su desenfreno y el abuso del alcohol.
La mujer asegura que fue violada en grupo y que le quitaron el celular para que no pudiera denunciar.

A pesar de ello, lo hizo ante dos agentes de la policía local. El juicio ha abierto en España una fuerte polémica social y jurídica sobre si las relaciones sexuales fueron consentidas o forzadas y sobre las pruebas aportadas por las partes.
Los acusados, que desde hace un año y medio están en prisión preventiva y se arriesgan a ser condenados a 22 años cada uno, aseguran que la relación sexual fue consentida y que "en ningún momento la mujer hizo sentir que se sentía incómoda".

Los policías y los médicos que la atendieron niegan esta versión y aseguran que la mujer daba muestras de estar traumatizada. La joven declaró en una comparecencia de tres horas ante el juez que no se resistió a la violación porque tenía miedo de los cinco hombres, ebrios y de gran tamaño, uno de ellos militar de élite y otro guardia civil.
A partir de estos hechos han comenzado dos juicios paralelos.

Los presuntos violadores desde el primer momento fueron considerados culpables por la opinión pública. Contribuyó a ello que se hicieran denominar "La Manada", tuvieran antecedentes por violencia, algunos fueran hooligans del equipo de fútbol Sevilla F. C., y que antes de acudir a las fiestas de San Fermín hubieran cruzado mensajes de teléfono bromeando con violar a chicas en la fiesta, incluso con drogas que sometieran su voluntad.
Tres de los sospechosos, que ya declararon hoy, ratificaron en que fueron relaciones consentidas, si bien uno reconoció que ese consentimiento no se produjo de palabra, según un abogado de la acusación.
El letrado Agustín Martínez Becerra, que los defiende, señaló a la prensa que hay otras formas de consentir, sin precisarlas.
Los policías que analizaron los videos de los hechos, grabados por los encausados, testificaron ayer que la chica no tuvo participación voluntaria y fue víctima de una "humillación", dijo el abogado de la mujer, Carlos Bacaicoa.
Las grabaciones son la prueba de cargo, según las acusaciones y, para las defensas, avalarían que las relaciones no fueron forzadas.
Los agentes declararon que la denunciante permaneció con "los ojos cerrados" y una actitud "pasiva o neutra", algo que no comparte un experto en lenguaje no verbal que elaboró otro informe por encargo de una de las defensas.