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Madrid, España (21 octubre 2017).- El Gobierno español acordó hoy asumir todas las competencias en Cataluña y relevar al presidente regional, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía.
Además, se busca convocar a elecciones regionales en Cataluña en cuanto se recupere la situación de "normalidad", dijo hoy el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que se espera hacer en un plazo de seis meses.
El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
El pleno del Senado aprobará dentro de una semana, el viernes 27 de octubre, las medidas hoy propuestas por el Gobierno, según aseguraron fuentes parlamentarias.
La Mesa del Senado se reunirá también hoy para comenzar la tramitación parlamentaria de la propuesta gubernamental.
Esas medidas han sido acordadas por el gobierno del conservador Mariano Rajoy con el Partido Socialista y los liberales de Ciudadanos (ambos en la oposición), y conllevarían la convocatoria de elecciones regionales en Cataluña.
El Ejecutivo reconoció ayer que lo normal es que finalmente se celebren esos comicios, pero matizó que es "muy pronto" para decir cuándo, a pesar de que socialistas y liberales aseguraron que se había pactado que sean en enero.
Entre las medidas que podría decidir el Consejo de Ministros hoy están el control de las finanzas púbicas y de las fuerzas de seguridad regionales de Cataluña.
España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.
El Ejecutivo envió un requerimiento a Puigdemont para que cumpla la legalidad constitucional y lo instó a exponer sus propuestas y dialogar en el Parlamento español.
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