El presidente Donald Trump pondría fin a un programa de su predecesor, Barack Obama, que protege a casi 800 mil inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos siendo niños, aunque planea permitir que se queden en el país hasta que sus permisos expiren, dijo ayer un funcionario de alto rango.

La decisión de Trump podría ser anunciada hoy, aunque también podría retrasarse hasta la próxima semana, sostuvo la fuente.

Sin embargo, la portavoz presidencial Sarah Sanders afirmó que “la decisión final no se ha tomado”. “Ahora mismo esto está bajo revisión... desde un punto de vista legal principalmente y hasta que la revisión esté completa (...) no tenemos nada más que añadir al respecto”, agregó.

En el mismo sentido, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que “continuamos revisando DACA, pero no hemos tomado una decisión”.

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado por Obama en 2012, ha permitido a jóvenes indocumentados que llegaron a EU de niños y son conocidos como dreamers (soñadores), frenar su deportación, obtener una licencia de conducir y un permiso de trabajo temporal.

Durante su campaña electoral Trump había prometido revertir todos los decretos sobre inmigración de su predecesor Barack Obama, incluido DACA.

El gobierno de Trump ha debatido largamente qué hacer con los dreamers. Un funcionario de alto rango describió la situación como una “batalla” entre la facción que se mostraba a favor de la decisión y la que se oponía.

Los funcionarios que creen que el DACA es inconstitucional y representa una “amnistía” injustificada quieren que el Congreso lleve adelante una enmienda legislativa para los niños inmigrantes, explicaron dos fuentes.

Trump podría acabar con DACA en cualquier momento con una orden ejecutiva, el mismo mecanismo que Obama usó para promulgar el plan y que tiene carácter temporal, pues el Congreso es el único que tiene capacidad para aprobar una ley y cambiar el sistema migratorio estadounidense.

En las últimas semanas, altos cargos del gobierno, como la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, han mantenido reuniones para debatir sobre el futuro de DACA.

El gobierno ha recibido una gran presión para acabar con DACA. El 5 de septiembre vence el plazo fijado por 10 estados (Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y West Virginia) al fiscal general Jeff Sessions para que cancele progresivamente DACA.

De no hacerlo amenazan con presentar una demanda en el mismo tribunal que el 16 de febrero de 2015 congeló la implementación de otro programa: DAPA, que beneficiaba a los padres de ciudadanos y una ampliación de DACA.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) considera varias opciones legales en caso de que Trump anule en efecto el DACA, señaló ayer Howard Simon, director ejecutivo de la agrupación.

“Estamos considerando todas las opciones legales, pero también creemos que le corresponde al público poner presión a los miembros del Congreso para que también tomen acción por estos jóvenes”, señaló Simon en una rueda de prensa.

“Estamos con estos jóvenes que fueron traídos por sus padres y vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger sus derechos”, subrayó Simon. Agencias