Juez Luis Armando Jerezano.

Agencia Reforma,

MEXICO, DF 19-Ago .-

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó ayer a un juez de distrito, que benefició a casinos y realizó operaciones financieras no justificadas por 26 millones de pesos entre 2006 y 2011.
Se trata de Luis Armando Jerezano, ex juez Cuarto de Distrito en la Laguna, quien estaba suspendido desde mayo de 2014.
Por trabas burocráticas internas, el CJF tardó cuatro años en desahogar el proceso administrativo que culminó con esta sanción.
"Jerezano incurrió en irregularidades en el trámite y resolución de juicios de amparo de su conocimiento, algunos relacionados con permisos para operación de casinos", informó la Judicatura.
En algunos de estos, el juez llevó los asuntos pese a que estaba impedido por amistad estrecha y relación laboral con los promoventes.
Jerezano, quien fue denunciado ante la PGR el año pasado por presunto enriquecimiento ilícito, es el primer juez destituido por nexos con casinos.
También es el segundo juez destituido durante la presidencia del Ministro Luis María Aguilar, que inició en enero, luego que el juez Francisco Martín Zaragoza Hernández fue depuesto en febrero pasado, aunque ese caso no fue informado públicamente.
Las operaciones, según la investigación del CJF, fueron depósitos por 3.5 millones de pesos en una cuenta de Jerezano en HSBC, adicionales a su salario, de los que 3.3 millones de pesos fueron en efectivo.
También siete créditos otorgados al juez por HSBC, que sumaron 3 millones 650 mil pesos, de los que 3 millones 40 mil pesos fueron pagados en forma anticipada.
El resto de las operaciones involucra a Thelma Guadalupe Treviño Clemente, suegra del juez, quien sin tener ninguna actividad remunerada declarada ante el SAT recibió depósitos de origen desconocido por 2.2 millones de pesos.
Treviño Clemente también recibió transferencias de 4.1 millones de pesos desde la cuenta de su yerno en HSBC, y además compró dos inmuebles por 13 millones de pesos mediante contratos privados que no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en "falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido" durante el trámite de al menos 12 amparos.
El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el Casino Royale de Monterrey.
En diciembre de 2008, la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar cinco casinos, que según la dependencia era falso.