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Los audios de las conversaciones telefónicas sostenidas en diciembre de 2013 entre Eduardo Ochoa Torres, magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Nuevo León, y Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal del Zar de los Casinos, sugieren que el servidor público gestionó que gente del empresario contactara a otros juzgadores federales para “atender” sus casos judiciales.
Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que no hay quejas ni investigaciones abiertas en contra de Ochoa Torres u otro juez por estos hechos, pero de existir evidencias de conductas irregulares de integrantes del Poder Judicial se iniciará la indagatoria correspondiente.
De acuerdo con información del CJF, en la batalla legal que el casinero ha emprendido para mantener la operación de sus casas de juego —ante el procedimiento que inició Gobernación en 2012 para revocar sus permisos—, al tribunal del magistrado Ochoa Torres le ha tocado atender 51 expedientes entre 2012 y 2013.
De confirmarse, este caso implicaría un conflicto de intereses, al que se suma el hecho de que el magistrado habría usado su posición para incidir en la actuación de otros juzgadores.
Las grabaciones dan cuenta incluso de pagos a un juez, que se identifica en una conversación como “iguana”, equivalente a la palabra “iguala”, que es empleada en el argot de los casinos para referirse a sobornos para funcionarios.